18.7.14

De nada sirvió la reforma del año pasado realizada por el Gobierno.

En sentencia conocida ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea critica las bases del sistema de ejecución hipotecaria español, y la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, que no obliga al Juez a pronunciarse de oficio sobre las cláusulas abusivas en los contratos en los que se basan las demandas.

22 años después de la publicación de la Directiva 93/13/CEE España no ha aprendido a respetar los derechos de los consumidores, y la sentencia publicada ayer de nuevo insiste que «resulta manifiesto que el desarrollo ante el órgano jurisdiccional nacional del procedimiento de oposición a la ejecución, previsto en el artículo 695 de la LEC, coloca al consumidor, en su condición de deudor ejecutado, en una situación de inferioridad en relación con el profesional, en su condición de acreedor ejecutante, en lo que atañe a la tutela judicial de los derechos que puede invocar, al amparo de la Directiva 93/13, frente a la utilización de cláusulas abusivas.»

Y tras una extensa motivación «procede declarar que el sistema procesal controvertido en el litigio principal pone en peligro la realización del objetivo perseguido por la Directiva 93/13».

Ahora de nuevo la pelota está en el tejado del gobierno, que deberá modificar de nuevo la norma.

A ver si esta vez se entera.

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