6.11.2014

Ayer nos notificaron un nuevo señalamiento, en el Juzgado Mercantil 1 de Málaga, en relación a una nueva demanda contra una abusiva cláusula suelo. Esto no sería novedad salvo que cuando llegamos a leer la fecha no nos la podíamos creer. En un caso cuya demanda se presentó en Julio de 2014, señalan la Audiencia Previa (primera fase del Juicio ordinario) para Enero… del 2017.

Pese a los excelentes profesionales que trabajan en ambos Juzgados, está claro que están desbordados y la responsabilidad no corresponde a ellos si no a la administración de Justicia (Junta de Andalucía y Gobierno español). Cada mes que se retrasa un asunto como estos sólo hay un perjudicado, el justiciable (el consumidor en este caso), y los bancos sólo oponen estrategias dilatorias para retrasar lo que es, en la mayoría de las veces, inevitable.

Acudimos a las estadísticas publicadas desde el CGPJ (www.poderjudicial.es) y nos encontramos con que hasta el año 2013, cada uno de los Juzgados Mercantiles de Málaga había asumido más asuntos relacionados con la cláusula suelo que los tres Juzgados Mercantiles de Pontevedra, o que los tres Juzgados Mercantiles de Oviedo o Alicante, juntos. Esto es, cada Juzgado mercantil Malagueño viene a multiplicar por cinco la máxima carga de trabajo prevista para un sólo Juzgado Mercantil. Se pretende que cada Juzgado (el 1 y el 2) asuma la carga de trabajo de 5 o más Juzgados del mismo tipo.

Las cifras de este año son todavía peores, pues a día de hoy en el Mercantil 1 de Málaga los casos pendientes de este tipo ascienden a 1.080 y en el Mercantil 2 una cifra similar. Se prevée que los nuevos casos vayan a ser Juzgados cerca del año 2018. (Y eso sin contar los posibles recursos).

Las tasas judiciales y la falta de medios son dos lacras que suponen menospreciar los derechos constitucionales de los consumidores.y suponen una inaceptable ayuda extra a quienen se aprovechan de la situación.

Y es que detrás de cada número o caso pendiente hay,  no lo olvidemos, personas. Personas que a veces viven auténticas tragedias y ven como una entidad financiera se lucre de las bajadas de tipos de interés (entre ellos se prestan dinero casi al 0% mientras aplican intereses «mínimos» en hipotecas del 3%, del 4% o incluso más altos).

La decisión de dotar con más medios a la Justicia es política, pero ¿Aquién conviene que la Justicia sea lenta, o que, simplemente, no haya Justicia?

Muchos bancos rescatados con dinero público sin duda han realizado el siguiente cálculo:

Si aplican un suelo del 4% a un millón de hipotecas, pongamos de media 120.000,00 euros, ingresan 4.800.000.000,00 Euros. Si aplicaran el Euribor de hoy (0,34 %) más el 1% de diferencial (caso típico) estarían ingresando «sólo» 1.608.000,00 Euros (recordemos que el tipo de interés del BCE hoy es el 0,05%).

Pongamos que reclamen en cada banco el 5% de los afectados. (en el ejemplo … 50.000, personas), que, de acuerdo con los plazos de Málaga seguirán pagando de más hasta al menos el 2018.

La solución está clara, como el retraso desalienta a los que reclaman (que al fin al cabo pueden fallecer entretanto, vender la casa, o, simplemente… perderla) prefieren pagar las costas de este pequeño número de casos antes que atender sus reclamaciones.

Las organizaciones de consumidores, los colegios de abogados y procuradores y todos los profesionales deberíamos unir fuerzas y provocar que los políticos den una solución de forma inmediata, e incluso plantear una acción colectiva por anormal funcionamiento de la Justicia.

Nosotros, de momento, hemos denunciado esta situación al Defensor del Pueblo Andaluz.

En otras comunidades autónomas se han abierto Juzgados especiales para materias semejantes (Preferentes en Galicia, por ejemplo) mientras los malagueños se convierten en sufridores de una situación injusta.