Multa monumental a GLOVO y aviso a los tramposos

Hoy se da a conocer por la Cadena Ser que la Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa GLOVO con 79 millones de euros por incumplir la normativa de «riders»

78,9 millones en total para ser exactos, entre sanciones y liquidaciones de cuotas, por dos inspecciones abiertas en Barcelona y en Valencia. Según el expediente de la Inspección de Trabajo al que se refiere la SER, habría habido un fraude laboral de “falsos autónomos” (descarga la guía editada por Ley 57 en el link anterior) que afectaría a 8.331 trabajadores en la primera y 2.283 trabajadores más en la segunda (10.614 trabajadores en total).

La Inspección de trabajo, dice la noticia, infiere que “la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio”. Es decir, la inspección razona que hay “falsos autónomos” “que dependen y son ajenos” a Glovo que debería haberlos incluido en nómina como exige la Ley de Riders.

La sanción es una de las más altas impuestas por la Inspección hasta el punto de que acumula dos sanciones en cada jurisdicción. En Barcelona, condena a 39 millones de multa el uso de falsos autónomos y exige 24 millones en cuotas a la Seguridad Social que debían haberse cotizado. Y en Valencia, otros 10,7 millones en multas y otros 5 millones en cotizaciones pendientes. E incluye un detalle más: en el expediente que detalla la SER figuran además 2.500 euros de multa por obstrucción a la Justicia.

Aviso para empresas y profesionales trampos@s.

Esta noticia ha de despertar conciencias en las personas que evitan la contratación de personas y profesionales bajo modalidad «mercantil» encubriendo «de facto» una relación laboral, que por un lado supone una grave afrenta a los derechos de las personas trabajadores afectadas (descarga aquí la guía editada por Ley 57 para detectar situaciones de «falso autónomo») y por otra supone, en mayor medida, un acto de competencia desleal con aquellas empresas que SÍ cumplen con la legislación laboral y, por tanto, afrontan su coste.

Porque sí. Operar en un mercado empleando a «falsos autónomos» supone mejorar con sistemas ilegales la estructura de costes de la empresa empleadora, y con ello mejorar de forma artificail su posisicón competitiva frente empresas del mismo sector. Y por ello esas empresas deben ser expulsadas del mercado y denunciadas ante la inspección laboral.

Esta práctica la encontramos constantemente en sectores que llegan incluso a sorprender. Encontramos camareros dados de alta como autónomos, administrativos, fisioterapeutas, monitores de gimnasio, o incluso abogados a los que se les impone una depencia jerárquica, un horario, un medio de trabajo e instrucciones precisas para desarrollarlo sin independencia.

En suma, una lacra social que hay que erradicar.

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