Un vecino de Málaga consigue que le devuelvan 33.000 euros de un piso que nunca le entregaron.
22 noviembre, 2019

28 de noviembre 2019

Los juzgados mercantiles de Málaga empiezan a señalar las audiencias para el 2023, y los sociales ya superan el 2021.

Permítanme apropiarme de tan sabias palabras atribuidas a Séneca, ni más ni menos que el político e intelectual cordobés que hace 21 siglos debió imaginar que muy cerca de su ciudad natal, en Málaga, una disputa judicial tardaría cinco años o más en dirimirse.

Siendo político sin duda bien podría regresar hoy para darse cuenta que lo que vivimos hoy en Málaga viene da tan antiguo que revela una asombrosa distancia entre quienes tienen el poder y su interés por la Justicia, pues de otro modo no se entiende cómo se permite que un ciudadano tarde dos años en reclamar su pensión o cómo un litigio entre empresas o sobre empresas pueda dilatarse cinco años.

Claro está que al poder nunca le ha gustado la Justicia, lo que quedó patente, si no mucho antes, cuando en vez de legislar de forma contundente contra las malas prácticas bancarias se diseñó un sistema que primero hizo saltar por los aires los juzgados mercantiles y que cuando se traspasó la competencia a los juzgados de instancia, más cercanos y rápidos, fue inmediatamente corregido para inventarse juzgados especializados sin recursos para abarcar la avalancha de desmanes de las entidades financieras, juzgados que conocerán de los nuevos asuntos ya en 2022.

Antes de todo eso, en la parte más baja del ciclo económico anterior, un solo juzgado mercantil atendía a las miles de empresas en crisis que terminaban yaciendo moribundas en los despachos. Un segundo juzgado nació inundado de asuntos a los que pronto se sumaron las reclamaciones de los usuarios de la banca, de modo que pese al buen hacer de sus funcionarios que se convirtieron en integrantes del Tribunal Mercantil de Málaga, se estrellaron de nuevo con la realidad de una Justicia sin medios.

El análisis de los nuevos asuntos revelan que ante una nueva caída de la economía no se han previsto recursos paliativos de la situación. Durante las múltiples campañas políticas a nadie se le escuchó hablar de propuestas de solución.

Hace ya tres años que la Defensora del Pueblo recomendaba “Valorar la procedencia de incrementar la planta judicial de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga , o, en su defecto, de los Juzgados de Primera Instancia de la provincia, en orden a solucionar la carga de trabajo que pesa en la actualidad sobre los mismos, tal y como ha sido puesto de manifiesto por el Consejo General del Poder Judicial.”

No debe el lector desalentarse ante la situación para dejar de reclamar aquello que cree le pertenece. Es lo que quizás se busca por aquellos que dan origen al problema.

Esa sería su primera e injusta victoria  No les demos motivos de alegría.

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