Los bancos han indemnizado ya con más de ocho millones de euros a afectados por pisos no entregados.
Los Juzgados, en aproximadamente 150 sentencias dictadas en los últimos meses, aplican la doctrina asentada por el Tribunal Supremo a favor de quienes se vieron envueltos en compras de pisos que no llegaron a construirse.
Los afectados de AIFOS y otras grandes promotoras de toda España están de enhorabuena. Muchos de ellos en los últimos meses han visto una salida a la pesadilla iniciada tras la crisis del ladrillo que dejó a miles de familias sin piso y sin dinero, con especial impacto en la Costa del Sol y otras áreas turísticas, donde españoles y extranjeros adquirían su primera o segunda vivienda.
Hasta 8,2 millones de euros alcanza el importe de los fallos de las sentencias conseguidas por la plataforma SOS Vivienda, coordinada por Ley 57 Abogados (teléfono gratuito 900649290) de los cuales 2,7 millones ya están en manos de los afectados.
Todavía tiene esta plataforma un importe semejante pendiente de resolución en los Juzgados y cada día se suman más afectados a la iniciativa, debiendo destacar que según la doctrina dictada por el Tribunal Supremo, este tipo de acciones prescribiría en octubre de 2020, por lo cual el tiempo comienza a a premiar a los afectados que todavía no se han decidido a reclamar.
Se calcula que en España puede haber hasta 50.000 familias afectadas por promociones sin entregar, de las cuales apenas el 50% habrá reclamado hasta la fecha. El resto no lo ha hecho todavía por temor o desconocimiento, debiendo de explicarse que más del 95% de las sentencias son favorables al consumidor.
El letrado de Ley 57 Abogados, Carlos Cómitre, advierte que “pese a que todavía hay miles de afectados por la anterior crisis, hemos detectado que en las promociones actuales se vuelve a incurrir en los mismos viejos errores que nos han obligado ya a demandar a las nuevas promotoras por falta de garantías en las compra-ventas sobre plano”, recomendando que los nuevos compradores cuenten con profesionales expertos en la materia para proteger la operación de compra más importante de la vida de un consumidor medio.
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