5/10.2017

Los letrados Miguel Ángel Jiménez y Carlos Cómitre (de Jiménez y Asociados y Ley 57 Abogados) de la plataforma SOS Vivienda, han presentado ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Iltmo. Sr. D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, una queja para que, con su intervención se desbloquée la situación de miles de afectados por cláusulas suelo y gastos de hipoteca que deben acudir a la Justicia tras denegación o falta de respuesta extrajudicial a su reclamación frente a las entidades financieras.

Como sabe, desde Mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo en materia de cláusulas suelo, se descubre que infinidad de andaluces y residentes estaban afectados por la introducción unilateral de cláusulas abusivas en sus hipotecas.

Entonces, por razón de competencia, los Juzgados de lo mercantil, uniprovinciales, eran los encargados de su tramitación hasta que se vieron claramente colapsados y perdieron su competencia en esta materia a favor de los juzgados de primera instancia. (En el caso de Málaga de un solo Juzgado pasó a haber más de 50 al dividirse la competencia territorialmente entre los doce partidos judiciales de la provincia).

En el mes de Junio de 2017  se modificó la competencia de nuevo (a través de un procedimiento extraño por el que se modificó “de facto”, la Ley Orgánica del Poder Judicial) y se atribuyó la competencia a Juzgados uniprovinciales de nueva creación para materia relacionadas con condiciones generales de contratación.

El Consejo General del Poder Judicial indica que este plan estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse en caso necesario.

Así las cosas tenemos:

Clientes que acudieron en demanda de Justicia  en el año 2015 ante los Juzgados de lo Mercantil con fecha de juicio señalada para el año 2021 (adjuntamos un ejemplo donde se indica que el juicio  será en Abril de 2021 si bien hoy el Juzgado Mercantil 1 de Málaga nos ha señalado otro juicio para junio de 2021).

Clientes que interpusieron su demanda después, en los Juzgados de Primera Instancia, y que sus asuntos ya están resueltos.

Y por último, clientes que con ocasión del R.D. 1/2017 acudieron a un mecanismo extrajudicial a cuyo término (infructuoso) se han visto obligados a interponer sus demandas ante los nuevos Juzgados especializados.

El Juzgado de 1ª Instancia Nº 18 BIS de Málaga  (el designado para la provincia de Málaga) ha llegado a recibir, entre junio y julio de 2017, dos mil demandas, según confirma Consejo General del Poder Judicial en noticia aparecida el 11 de Septiembre. (Ver nota en este enlace http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-Juzgados-especializados-en-clausulas-abusivas-han-ingresado-57-000-demandas-desde-su-entrada-en-funcionamiento). En sólo dos meses se ha cubierto el módulo de entrada de asuntos en un juzgado correspondiente a dos años.

Visto que lo anterior supone un gravísimo e injusto menoscabo en los derechos de los justiciables andaluces, los letrados firmantes han dirigido la petición al Defensor del Pueblo Andaluz para que recomiende a las autoridades competente la inmediata modificación de las normas de reparto, la cancelación del plan del CGPJ, el refuerzo de los juzgados de lo mercantil para anticipar los juicios señalados a más de 3 años vista y la recomendación de imposición de sanciones para aquella entidad que, siendo reclamada de acuerdo con el R.D. 1/2017, sea sancionada.