La insolvencia no es solo un problema de deudas, sino una experiencia vital que golpea de lleno en la salud mental.

Quien atraviesa un procedimiento de Segunda Oportunidad suele cargar no únicamente con números rojos, sino con un peso emocional que desgasta, a veces más que el económico.

En 2025, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó un nuevo Plan de Acción de Salud Mental, con 39 millones de euros destinados a reforzar recursos, prevenir el suicidio y mejorar la atención comunitaria. Sobre el papel se trata de un avance, pero la realidad continúa siendo preocupante: España cuenta con apenas seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, frente a los dieciocho de media en Europa. Esta carencia se traduce en listas de espera interminables, dependencia creciente de ansiolíticos y miles de personas que afrontan solas un sufrimiento que no entiende de plazos administrativos.

La insolvencia, por su parte, actúa como un detonante adicional. La pérdida de control sobre la propia vida, el miedo a la exclusión social y la presión constante de las deudas generan cuadros de ansiedad y depresión que a menudo persisten incluso después de obtener una resolución judicial favorable. El acceso a la vivienda es un ejemplo claro: hasta un 40 % de los inquilinos destina más del 40 % de sus ingresos al alquiler, un esfuerzo económico que deja poco margen para vivir con serenidad y que multiplica la angustia cuando se combina con procesos de ejecución o liquidación.

El papel del abogado en este escenario trasciende la pura técnica. No se trata únicamente de tramitar expedientes ni de desplegar estrategias procesales, sino también de ofrecer acompañamiento y claridad a quienes han perdido la confianza en cualquier salida. La capacidad de escuchar, de explicar cada paso con un lenguaje accesible y de sostener emocionalmente al cliente se convierte en parte esencial del trabajo jurídico en materia de insolvencias.

Pero este acompañamiento legal, aunque necesario, no es suficiente. La experiencia demuestra que quienes atraviesan una insolvencia necesitan también apoyo psicológico especializado. El problema es que ese recurso es hoy escaso y de difícil acceso. Sería deseable que los planes de salud mental reconocieran a las personas insolventes como un colectivo especialmente vulnerable, integrando para ellas programas de apoyo comunitario y terapia accesible.

La insolvencia no debería definirse como un fracaso personal, sino como una circunstancia jurídica susceptible de resolverse. Desde la psicología, el reto es devolver al deudor el sentido de control sobre su vida. Desde el derecho, la misión consiste en garantizar que ese control se materialice en soluciones efectivas. Solo la combinación de ambas perspectivas permite que la llamada “segunda oportunidad” lo sea de verdad, no solo en términos económicos, sino también en dignidad y bienestar emocional.