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La verdadera segunda oportunidad de las personas físicas requiere de un análisis serio y eficaz. El argumento de que “es dinero de todos” no vale para dejar muertos civiles en la cuneta.

A raiz de una reciente intervención televisiva he tenido la fortuna de atender un número creciente (ya era alto) de personas angustiadas, acosadas y destruidas por un pasado donde circunstancias empresariales, personales o de crisis global abocaron a asumir más deudas que las que podían afrontar. La ley regula un proceso de beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho (BEPI). vulgarmente … un sistema de “perdón” de deudas a los deudores de “buna fe”.

Lamentablemente en todos los asuntos atendidos en esta semana el acreedor principal era público. Principales, apremios, intereses de mora, sanciones, derivaciones de responsabilidad…

Todos ellos, y ellas, ya insolventes, muertos y muertas en vida, recibiendo innumerables requerimientos, llamadas, veladas amenazas… Con hijos, con responsabilidades, que no pueden ya atender.

Que el Tribunal Supremo en 2019 incluyera el crédito público en la exoneración del pasivo insatisfecho no era una broma. Es una resolución vinculante.

Que el legislador reaccionara excediéndose en los límites del mandato del “refundimiento” de la ley concursal, tampoco lo era. Sin embargo algunas, pocas, (demasiado pocas) resoluciones han inaplicado tal exceso legislativo “ultra vires”. Se necesita una cierta valentía y compromiso para ello. No ayuda en absoluto que juzgados no especialistas (incluso mixtos penales-civiles) sean los competentes sobre la mayoría de asuntos de personas físicas (todas las no empresarias) o que los juzgados especializados estén tan saturados que no den a basto para atender con soltura estos procesos (y los que se avecinan).

Que el anteproyecto de ley que nos han presentado este verano signifique un tiro en la nuca (civil) a quienes, siendo deudor de buena fe, se les niega el derecho a “volver a empezar” carece de sentido.

En mi experiencia, desde siempre, he recibido furibundas respuestas en recursos de la administración contra resoluciones que levantaban embargos de crédito público, próximas a  la mala educación y el desprecio más absoluto por quien está al otro lado y por quien dicta la resolución. El argumento de que el créedito público es un crédito “de todos” no implica que por él se pueda cerrar un camino legal. Afortunadamente nunca fueron escuchados.

Dejar “muertos civiles” en las cunetas de la economía supone un error mayúsculo. Supone condenar a las familias a la economía sumergida (si es que puede) o peor. Muertos civiles que no pueden tener ingresos, no pueden comprar, no pueden acceder a prestaciones, no pueden crear puestos de trabajo…

¿Qué sentido tiene perseguir una  deuda a quien no tiene ni puede tener nada? Si tienen miedo a que una mejora de fortuna sirva para enriquecerse ¡regúlese! ¡endurézcase lo ya regulado!

Si quieren tenerlos bajo observación… ¡regúlese un sistema de exoneración provisional (vigilado incluso)!

¿Alguien pude negar que perseguir a un insolvente (de buena fé) resulta anti económico, incluso con dinero “de todos”?

Esperemos recapaciten.

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