El engaño cotidiano que nos cuesta más de lo que parece y que en el comercio de cercanía no aparece.
Vivimos rodeados de pequeños fraudes que rara vez llegan a los tribunales, pero que afectan a millones de consumidores cada día. No hablamos de grandes estafas orquestadas, sino de «microestafas«(1), esas prácticas tan sutiles como dañinas que abusan de la confianza del cliente, aprovechan su prisa o desinformación y terminan por alterar su decisión de compra, casi sin que se dé cuenta.
Un ejemplo gráfico lo encontramos en la fotografía que acompaña este artículo: un pack de seis botellas de cerveza Mahou 5 Estrellas (6x20cl) es anunciado con el llamativo rótulo de “superprecio”, destacando que su coste actual es de 3,54 €. Sin embargo, el precio anterior, tachado para simular un descuento, era de solo 3,19 €. Es decir, el consumidor está pagando más por lo que se anuncia como una ganga.
Este tipo de prácticas no son solo inmorales: son ilegales. Según el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, toda información sobre precios debe ser veraz, comprensible, cierta y objetiva. Simular una rebaja inexistente infringe de forma clara esta norma. Y si además se hace de manera reiterada o masiva, puede considerarse incluso publicidad engañosa, sancionable conforme al artículo 47 de la misma ley.
Pero este no es un caso aislado. Este tipo de microestafas están cada vez más extendidas, especialmente en grandes superficies y multinacionales de suministro. En las empresas de telefonía, por ejemplo, no es raro encontrar cargos por servicios no contratados, permanencias camufladas en promociones o subidas de tarifas sin aviso claro. En el sector de la electricidad, muchos consumidores se ven atrapados en tarifas supuestamente “planas” que terminan costando más que las reguladas. Incluso en el sector de la restauración, cada vez son más frecuentes los casos en los que se incluyen en la cuenta productos no consumidos, suplementos por salsas no solicitadas o cobros por cubiertos que no fueron informados previamente.
Lo más llamativo de todo esto es que estas microestafas rara vez se producen en el comercio de cercanía. La tienda del barrio, el frutero, la panadería o la pequeña ferretería no puede permitirse engañar a sus vecinos: vive de su confianza, de la fidelidad del cliente y del boca a boca. Por eso, allí no veremos precios inflados camuflados de rebajas, ni cargos sorpresa, ni trucos de marketing visual diseñados para manipular. El trato personal y directo con el comerciante disuade de este tipo de estrategias y refuerza el control social.
¿Qué podemos hacer?
Ante estas situaciones, es fundamental que como consumidores estemos alerta y reaccionemos. Nadie lee todos los carteles ni todas las condiciones legales con lupa, pero sí podemos entrenar un hábito saludable de escepticismo ante las palabras mágicas como «oferta», «descuento», «gratis» o «limitado».
Además, tenemos derecho a reclamar y denunciar. Si una empresa cobra de más, falsea el precio, o incurre en prácticas desleales, podemos acudir a la Oficina de Información al Consumidor, presentar una queja formal ante la autoridad de consumo de la Comunidad Autónoma o apoyarnos en organizaciones de defensa del consumidor. El silencio del consumidor es el mejor aliado de estas prácticas.
Una responsabilidad colectiva
La lucha contra las microestafas no es sólo un deber institucional: es una tarea de todos. Las administraciones deben reforzar la inspección, sancionar con rigor y exigir transparencia. Los comercios honestos deben diferenciarse claramente de quienes abusan. Y los consumidores, por nuestra parte, debemos recompensar con nuestra fidelidad a quien actúa con respeto y denunciar —aunque sea con una simple reseña o comentario— a quienes nos engañan.
Porque cada euro que gastamos lleva implícito un voto. Y cada «microestafa» que toleramos sin reaccionar, refuerza el modelo de negocio que vive del engaño. Apostar por el comercio de proximidad, exigir transparencia a las grandes empresas y reclamar cuando sea necesario es una forma de defender no solo nuestro bolsillo, sino nuestra dignidad como ciudadanos.
(1) Art. 248 Código Penal: Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
