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Decenas de sentencias favorecen a afectados de Aifos en Casares

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Dos nuevas sentencias, ahora de los Juzgados de primera instancia 3 y 10 de Málaga, condenan al Banco Popular a devolver las cantidades anticipadas por compradores de Aifos en Casares.

En los años del “pelotazo” urbanístico uno de los principales actores, la promotora andaluza Aifos, fijó su objetivo en Casares para edificar cientos de viviendas que comenzaron en el año 2003 a venderse sobre plano.

Lo que tenía que haberse construido en 20 meses (la macrourbanización prevista contaba con más de 900 viviendas en el entorno del campo de Golf Doña Julia), sufrió innumerables retrasos, pese a lo cual la promotora seguía aprovechando su red nacional e internacional de ventas para captar fondos de clientes con el argumento de “sol y playa” que ofrece la zona de Casares (Málaga). Un lugar ideal para vivir y disfrutar de las vacaciones o de la jubilación.

De este proyecto, en la memoria de la administración concursal de AIFOS de 2009 figuraban sin vender más de la mitad, y de lo vendido apenas nada se había construido, por lo que centenares de familias se vieron afectadas por el concurso de acreedores de Aifos declarado en Julio de 2009, actualmente en fase de liquidación, en el que no se prevé que los afectados puedan obtener compensación alguna al no estar su crédito protegido legalmente.

Sólo unos pocos habían recibido los certificados individuales de garantía de lo anticipado. A algunos se les daba una simple copia de una póliza general de garantía. A muy pocos se les devolvió el dinero.

Sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo iniciada a principios de 2015, y mantenida invariablemente desde entonces, ha permitido que casi una treintena de estas familias afectadas hayan conseguido sentencias favorables que condenaban a los bancos receptores de las cantidades, y a los bancos avalistas, a responder de estas cantidades.

Estas dos últimas sentencias son una muestra de ello, pues condenan al Banco Popular a devolver lo anticipado por dos familias británicas, representadas por Ley 57 Abogados, en unión a sus intereses y costas del proceso.

Con ellas, un rayo de luz de esperanza brilla sobre los afectados, que llevan años luchando, primero por su casa, y ahora por su dinero.