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Ayer, 30 de Junio, 20 abogados representando a centenares de acreedores y a varios bancos también inmersos en el Concurso más largo de Andalucía, representando a un pasivo superior a los 50 millones de euros, se reunieron en el Colegio de Abogados de Málaga para analizar y debatir el convenio presentado por la empresa y las posibles alternativas.

Antes de esa reunión representantes de la empresa tuvieron oportunidad de exponer el plan de negocio presentado por AIFOS en el Juzgado Mercantil número 1.

El abogado del despacho Ley 57, D. Carlos Cómitre, comentó ante los asistentes el complicado panorama que refleja ese plan de negocio, que no tiene en cuenta los numerosos incidentes de reintegración presentados por la administración concursal y que harían volver a la empresa bienes que salieron de su patrimonio antes del concurso para pagar presuntas deudas de empresas filiales. Dicho plan se basa en acuerdos, hasta ahora inexistentes, con entidades financieras para liberación de activos donde desarrollar nuevos proyectos en forma de cooperativas gestionadas por AIFOS.

Los asistentes criticaron seriamente el plan propuesto por AIFOS, en el que no confían puesto que ni tan siquiera expone el punto de partida contable de la empresa (las cuentas anuales no se depositan en el Registro Mercantil desde el año 2009), y en la falta de credibilidad de los gestores actuales de la empresa (apartados recientemente por decisión del Juzgado Mercantil 1) para desarrollarlo. Tampoco se mostraron conformes con la quita propuesta del 50% que supone que cientos de millones de euros de deuda fueran condonados sin contrapartida alguna, algo que ni bancos ni restantes acreedores estarían dispuestos a asumir.

Los representantes de los acreedores son conscientes de que un escenario de liquidación de la empresa (si no se aprueba un convenio en la Junta convocada para el próximo mes de Octubre) todos perderían, siendo los más perjudicados (por volúmen de pérdidas) las propias entidades financieras, sin olvidar que los miles de afectados (particulares) perderían lo que en su mayoría eran todos sus ahorros.

A la reunión asistieron también proveedores, que igualmente entienden que un convenio con una quita del 50% y una espera de 9 a 10 años supone un abuso, sin que el plan de viabilidad presentado por AIFOS aporte un mínimo de garantías.

Frente a la propuesta de AIFOS, que plantea una quita del 50% de la deuda y el pago diferido del resto al noveno o décimo año de la aplicación del convenio, los acreedores se mostraron favorables a la iniciativa que plantea capitalizar el 50% de la deuda de Aifos, convirtiendo a los acreedores en dueños de la empresa, pudiendo designar una nueva gestión que se aparte de la trayectoria seguida hasta hoy.

De esta forma el capital social de la compañía alcanzaría probablemente los 80 millones de euros, naciendo “una nueva empresa, una nueva gestión que se llevaría a cabo por medio de las decisiones de los accionistas, en su mayoría entidades financieras”, ha defendido el abogado Carlos Comitre durante la reunión de acreedores.

Para ello hace falta que el resto de los acreedores financieros conozcan y se pronuncien sobre esta idea, pues hace falta que al menos el 20% de los mismos presenten su adhesión para que pueda ser discutida esta opción en la Junta de Acreedores del 31 de Octubre. Este porcentaje, según opinión de lo asistentes, estaría prácticamente alcanzado si los bancos presentes confirmaran el apoyo a la iniciativa.

Para ello hace falta un plan de viabilidad real, serio, y basado en la composición real de los activos de AIFOS, tanto actual como resultante tras la recuperación del patrimonio cedido a empresas del grupo antes del concurso, que pueda generar la tesorería suficiente para que un nuevo equipo gestor pueda hacer viable la empresa o al menos atractiva para que un posible inversor se interese por la empresa.

Convertir parte de la deuda en acciones significaría que los acreedores ordinarios no tuvieran que hacer quita alguna, con lo que todos ellos (bancos, proveedores y particulares) minimizarían sus pérdidas y tendrían un activo líquido (las nuevas acciones) que pudieran vender llegado el caso.

También se solicitó la reactivación de los procesos penales en curso (como el existente en el Juzgado de Instrucción 3 de Fuengirola, recientemente reabierto por la Audiencia Provincial de Málaga) en los que depurarse las responsabilidades penales, si existieran, frente a los responsables de la gestión de la empresa y de la cesión de activos previa al concurso que hubieran generado o agravado su situación de insolvencia.

Finalmente se hizo un llamamiento a los bancos no asistentes para que comprendieran que, si bien es cierto que la gestión de la nueva empresa que surgiera tras el convenio sería complicada, es igualmete cierto que tanto el escenario del convenio presentado por AIFOS o la liquidación supondría cerrarse a esta oportunidad que prevée la ley de convertir deuda en acciones, algo que se ha hecho en otros concursos (incluso más complejos) con éxito. 

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