18 de septiembre de 2017

El Juzgado de 1ª Instancia 10 de Málaga ordena al Banco Popular que devuelva lo anticipado por las familias en la compra de un piso ilegal.

Se aproximaba la navidad del año 2004 cuando dos familias británicas decidieron comprar a medias un piso (sobre plano) en Marbella en lo que debía de ser una urbanización de lujo junto a un campo de golf, con la idea de pasar sus vacaciones y en el futuro distrutar de largas estancias tras la jubilación.

Años más tarde, tras sucesivos retrasos en la construcción, descubrirían que la vivienda se estaba construyendo en terrenos donde sólo podían haberse construido viviendas unifamiliares. Los cientos de viviendas allí construidas eran ilegales.

Tras arduas batallas legales, obtuvieron una sentencia que les daba la razón, pero cuando llegó la hora ya era tarde y la promotora se había declarado insolvente.

Finalmente un juzgado de Málaga, en aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el año 2015, ha venido a responsabilizar al Banco Popular, como entidad destinataria de los fondos, por no haber velado por que tales cantidades estuvieran debidamente garantizadas.

De esta forma, los ahorros de estas familias, más de 100.000,00 euros, deberán volver a sus manos junto con sus intrereses.

Los letrados de Ley 57 Abogados (SOS Vivienda), que representaron a un importante grupo de compradores de esta urbanización, valoran muy positivamnete esta sentencia, que convierte en unánime la respuesta de los distintos tribunales malagueños en asuntos como este que van corrigiendo los efectos nocivos de los últimos coletazos de la burbuja inmobiliaria en Marbella.