La Sala señala que la entidad financiera «incumple las exigencias derivadas del principio de calidad de los datos comunicados» Autor: Comunicación Poder Judicial La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado la demanda de dos avalistas de un préstamo, cuyos datos personales fueron mantenidos de forma indebida por la Caja Rural de Canarias en registros de solvencia patrimonial (‘registros de morosos’), atribuyéndoles una situación de riesgo por morosidad y, en consecuencia, una intromisión ilegítima en su honor. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá, enjuicia la cuestión de la licitud de la conducta de la entidad financiera desde la perspectiva de la normativa sobre protección de datos, y de lo que se ha llamado constitucionalmente “libertad informática” (art. 18.4 de la Constitución); asimismo, constituye una exigencia constitucional “limitar el uso de la informática para garantizar el honor de las personas, y protegerlas frente a potenciales agresiones […]