Denuncian al Defensor del Pueblo la falta de inspecciones sobre los promociones inmobiliarias y el riesgo para los compradores de pisos sobre plano.
14 noviembre, 2018
Divorcio y vivienda. La convivencia estable con nueva pareja hace perder el uso de la vivienda
26 noviembre, 2018

22 de noviembre 2018

El 31 de octubre de 2014 fue firmado el auto del juzgado que liquidaba la empresa, notificado a las partes días después. Cuatro años más tarde los afectados acuden a otras vías para cobrar.

No fue posible salvar la empresa que fue la promotora más importante de Andalucía y una de ls mayores de España. En la junta de acreedores celebrada en 2014 no hubo quorum mínimo legal siquiera para votar las dos alternativas que se habían propuesto. Ni  la de la empresa, que la hubiera llevado a la liquidación igualmente, ni la de los acreedores que se habían organizado (más de 500) con un plan de reestructuración que la banca rechazó.

Así, al no poderse votar, la ley ordena que la empresa debe disolverse y liquidarse, y con sus bienes pagar a los acreedores en un estricto orden en el que los compradores de pisos, unas 6.000 familias afectadas, van en el penúltimo vagón de cola. Primero van los bancos con sus hipotecas, luego hacienda y seguridad social, los empleados…

Esto fue lo que ocurrió hace ya cuatro años, y la liquidación, que la ley pretende (en un reto imposible para cualquier concurso medio o incluso pequeño) que se realice en un año, lleva ya cuatro años.

El buen hacer de la Administración Concursal respondió al reto impuesto por el juzgado de lo mercantil nº 1 de Málaga, y se creó una página web, www.administradorconcursalaifos.com , en la que ya se han organizado subastas de todo tipo, desde parcelas hasta muebles, ordenadores y otros elementos de la inmobiliaria.

Sin embargo lo conseguido todavía no ha dado para pagar los créditos “concursales” y se están atendiendo sólo los créditos “contra la masa” (aquellos que se generaron tras la declaración del concurso en julio de 2009).

Por ello, todavía quedan años para que Aifos complete su liquidación.

Recuperar el dinero no es imposible.

Sin embargo no todo son sombras para las familias afectadas (compradores de pisos no entregados) que en número aproximado de 6.000 encontraron un camino abierto por el Tribunal Supremo en el año 2015, estableciendo la responsabilidad de los bancos que habían recibido  los anticipos de los clientes en sus cuentas sin que estas fueran especiales ni protegidas por garantías obligatorias (por una ley que estuvo vigente desde el año 1968 hasta el 2015).

En diciembre de 2015 un grupo de 100 afectados se aglutinó en torno a Ley 57 Abogados (de la plataforma S.O.S. Vivienda, teléfono 900 64 92 90)  para demandar a los bancos y hoy, en su mayoría, tienen ya su dinero de vuelta.

Muchos otras familias se interesaron después por esta iniciativa y tras tres años de lucha son ya más de 200 afectados que, en reclamaciones dirigidas por este despacho, ya han culminado con éxito. Otras 200 familias esperan su turno en los juzgados y todavía muchas otras pueden iniciarlo, pues las reclamaciones aún no han prescrito.

TE LLAMAMOS GRATIS!

A %d blogueros les gusta esto: