Un residente extranjero en Marbella, propietario de un vehículo de alta gama, ha denunciado en dos ocasiones la duplicación fraudulenta de la matrícula de su coche. Las autoridades judiciales, sin embargo, han archivado las actuaciones sin llevar a cabo diligencias que esclarezcan los hechos, dejando al afectado en una situación de desprotección jurídica y económica.

El caso comenzó cuando este ciudadano, que pasa largas temporadas en la Costa del Sol, recibió la primera de dos sanciones de tráfico atribuidas a su vehículo. Según la notificación, su Maserati Levante S habría superado el límite de velocidad en una carretera de Cataluña. Sin embargo, el propietario pudo demostrar con documentación fehaciente que su coche nunca salió de Marbella en las fechas señaladas. Presentó facturas de servicios locales, testimonios de empleados que cuidan habitualmente del vehículo e incluso imágenes que corroboran que el coche permaneció estacionado en su aparcamiento privado.

Meses más tarde, llegó una segunda multa por exceso de velocidad, esta vez registrada en otra carretera catalana. De nuevo, el afectado aportó pruebas de que el vehículo no había abandonado Marbella, pero el escenario se repitió: las autoridades judiciales archivaron la denuncia sin investigar el posible delito que podría estar detrás.

La duplicación de matrículas, un problema que en España ha comenzado a generar preocupación, no solo afecta económicamente a las víctimas, sino que plantea serias implicaciones legales y de seguridad. Según el Código Penal español, utilizar una matrícula duplicada puede constituir un delito de falsedad documental, castigado con penas de prisión de entre seis meses y tres años. Sin embargo, cuando las denuncias de los afectados no prosperan, los infractores tienen vía libre para seguir actuando con impunidad.

El propietario del vehículo explica que lo que más le preocupa no es tanto el pago de las sanciones, que ha afrontado por evitar mayores complicaciones administrativas, sino las posibles consecuencias futuras. “¿Qué ocurrirá si ese coche con mi matrícula se ve implicado en un accidente grave? ¿O si se usa en la comisión de un delito?”, se pregunta. La falta de investigación, dice, le deja en una situación de vulnerabilidad frente a cualquier uso indebido que los responsables puedan hacer de su matrícula.

La responsable del departamento Penal de Ley 57, ana Belén Ordóñez, explica que este tipo de casos deberían ser investigados con mayor rigor. “La simple comparación de las fotografías de los radares con las características del vehículo legítimo podría aportar información crucial”, Además, sería fundamental analizar los expedientes sancionadores en su totalidad e incluso solicitar imágenes o vídeos adicionales que ayuden a identificar al vehículo infractor.

Pero el impacto de estos delitos no se limita a la esfera personal de las víctimas. La circulación de vehículos con matrículas duplicadas pone en jaque la seguridad vial y el sistema de sanciones de tráfico, diseñado para garantizar el cumplimiento de las normas. Al no actuar sobre estos casos, las autoridades también envían un mensaje de permisividad que podría animar a otros a cometer fraudes similares.

Este caso, como otros que empiezan a aflorar, subraya la necesidad de reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para combatir la duplicación de matrículas. Mientras tanto, el afectado sigue luchando por demostrar su inocencia, atrapado en un proceso que, hasta ahora, solo le ha traído frustración e incertidumbre. La ausencia de una resolución judicial efectiva le deja desprotegido frente a nuevas sanciones o incluso posibles imputaciones futuras, mientras los responsables de este fraude continúan circulando por las carreteras españolas con total impunidad.