El Tribunal Supremo da de plazo hasta 2020 para reclamar las cantidades entregadas por pisos sin terminar
4 agosto, 2019

9 de agosto 2019

Localizadas 217 nuevas promociones en la provincia, el porcentaje de las que incumple la ley de consumidores y garantías en la compra sobre plano superaría el 90%.

La plataforma SOS VIVIENDA encargó de nuevo a Ley 57 Abogados la realización de un informe que revisa y amplía el realizado en 2018.

Se localizaron 217 promociones en desarrollo en la provincia de Málaga, cerca del litoral, realizando entre ellas diferentes averiguaciones como llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas “in situ”, solicitando la información que obligatoriamente deben poner los promotores a disposición de los posibles compradores.

Un primer análisis de los datos revela que sólo 7 de los 107 que respondieron supera el 70% de cumplimiento de los parámetros legales analizados (el 93,46% no alcanza el grado de cumplimiento mínimo), siendo el incumplimiento más grave la falta de información sobre las garantías de los anticipos que las promotoras exigen a los futuros propietarios.

El informe será presentado en el mes de septiembre, alertando desde SOS VIVIENDA (teléfono gratuito 900 64 92 90) a los posibles compradores de viviendas para que exijan la totalidad de la información prevista en la ley, acudiendo para ello a profesionales expertos en la materia de compra sobre plano.

Se da la circunstancia de que, con motivo del informe realizado en 2018, el Defensor del Pueblo Andaluz requirió hace algunas semanas a las autoridades que investigarán los incumplimientos en esta materia a nivel de toda Andalucía.

La falta de garantías e incumplimientos como los ahora investigados fueron la causa de que miles de familias perdieran sus ahorros en promociones no terminadas tras el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria.

Parte de esas familias ya han reclamado a las entidades financieras por su responsabilidad al no velar por la existencia de las garantías, tras repetidas sentencias del Tribunal Supremo que establecieron esa responsabilidad derivada de la antigua Ley 57/1968 que estuvo vigente hasta 2016.

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