Este artículo podría llamarse también «Cuando los bancos abusan hasta de la Justicia», pues a ninguna otra conclusión se puede llegar cuando un despacho como Ley 57, de tamaño mediano para nuestra área de influencia pero con un gran equipo, tiene un índice de resultado del 100% de demandas estimadas interpuestas en materia de condiciones generales de contratación, por cláusulas abusivas o usura, siendo estas sentencias más de un centenar, y sobre una cartera de asuntos pendientes de decidir por la Justicia todavía repleta, y sin que hayan dejado de entrar nuevos casos propio o derivados de otros despachos que no se dedican a materia de consumidores.
Esto que para nuestro despacho es un éxito, demuestra que las entidades financieras, en su conjunto, y con alguna contada excepción, durante años se encargaron de imponer al consumidor condiciones abusivas de todo tipo (cláusulas suelo, preferentes, comisiones, gastos, intereses…) sabiendo que vivimos en un país donde apenas el 20% de los afectados va a presentar una reclamación frente a «su banco de toda la vida».
Tales instituciones pueden apuntarse sin embargo algún éxito. Éxito, en todo caso parcial, que supone, siempre un gravísimo daño para la sociedad.
A partir del año 2013, cuando el Tribunal Supremo confirmó que poner «suelos» a las hipotecas era un reprobable abuso, presionaron hasta lo indecible para que tal declaración no surtiera efectos retroactivos porque corría el sistema bancario un «grave riesgo», lo que consiguieron durante el breve tiempo en que tardó el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) a confirmar que «lo nulo» no puede producir efectos y lo corrigió (no sería la primera vez a nuestro más alto Tribunal se ve corregido por instancias superiores). Entre tanto muchos consumidores quedaron fuera y debieron conformarse con la «no retroactividad».
También consiguió que de los gastos impuestos a los consumidores de forma abusiva, los impuestos que se pagaban sobre actos jurídicos documentados que sólo favorecían a las entidades financieras, finalmente fueran soportados por estos (hasta que la ley cambió hacia lo evidente y hoy ya esos gastos no se pagan).
También consiguió la declaración de NO abusividad de un índice hipotecario como el IRPH, pese a la aberración que supone reconocer que «no es transparente» pero «no es abusivo», (¿recuerdan aquello de «es nulo» pero «no es retroactivo» que nadie comprendía?) sin que hasta ahora se haya cumplido la obligación impuesta por el TJUE respecto de que en cada caso debe de analizarse si realmente se informó al consumidor de que tal índice iba a ser siempre más caro que los otros índices del mercado (ver comparativa abajo).
Otro «éxito» igualmente para el sistema bancario fue conseguir saturar la justicia, a sabiendas de que va a perder la inmensa mayoría de los casos que defiende, dilatando los procedimientos a niveles inaceptables que ya damos por normales, en juzgados «especiales» que tardan tres años en resolver un expediente.
Así se demuestra que la lógica de «lobby» bancario es conseguir su «éxito» a costa de retrasar con recursos públicos que se juzguen los abusos, sabiendo que va a ser finalmente condenado, para entretanto «presionar» en distintos ámbitos para lograr un terreno de juego favorable y conseguir que el usuario se aburra y de por «normal» lo que, desde luego, no lo es.
Y si por el camino se obtienen decisiones incomprensibles en derecho, pues mejor para ellos.
Es por eso que el título de este artículo podría ser ese:»Cuando se abusa hasta de la Justicia».
Las primeras sentencias de este 2024 confirman la tendencia…
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